El ministro de Energía insiste en que no hay incompatibilidad entre el ejercicio de su función y ser poseedor de acciones en Shell, ya que no ha tomado “decisiones en particular” que puedan acarrear un conflicto. Sin embargo, la OA admite que el caso “es el más complicado” de los que llegaron a esa oficina. Imputado, el ministro anticipó que “actuará en consecuencia” ante un pronunciamiento de la Justicia.
Algunos dicen que Juan José Aranguren es el ministro favorito de Mauricio Macri. Debería contar con un fuerte apoyo presidencial: titular de la cartera de Energía, Aranguren es el funcionario que más malas noticias llevó a la población con los aumentos en las tarifas de luz y gas, que en algunos casos se acercaron al 1.000%.
Es el rostro más cruel del ajuste o del “sinceramiento de la economía”, diría el Presidente. Por eso es que despertaría poca solidaridad en la sociedad ante una presunta situación irregular del funcionario. Más en medio de la sensibilidad despertada por la recurrentes muestras de corrupción durante la gestión kirchnerista, que se conocen todos los días.
Antes de sumarse a los equipos de Cambiemos, Aranguren se desempeñó como presidente de la filial local de la petrolera anglo-holandesa Shell. Renunció el 30/06 de 2015. Pero hay un vinculo que se mantiene: Aranguren es poseedor de acciones Clase A de Royal Dutch Shell Plc (RDS) por un valor de de $13.188.436,49. El dato se desprende de la declaración jurada patrimonial que el mismo ministro presentó ante la Oficina Anticorrupción.
De esta manera, el ministro es en parte dueño de una empresa que debería controlar desde el ministerio de Energía.
Aranguren se presentó este miércoles ante un plenario de la Comisión de Energía del Senado para explicar la política tarifaria del Gobierno. El senador Fernando ‘Pino’ Solanas aprovechó y le preguntó sobre esta situación, que entraría en colisión con la ley de Ética de la Función Pública (25.188).
El ministro respondió que no hay tal conflicto, porque la misma ley señala, en el inciso b de su artículo 15, que el funcionario deberá abstenerse de intervenir en “cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos 3 años o tenga participación societaria”.
“Siempre he tomado decisiones de carácter general y me he abstenido de tomar decisiones en particular que esté vinculada a mi anterior empleador”, respondió Aranguren este miércoles ante la consulta de Solanas.
No obstante, recordó que hay denuncias por este tema en la justicia, y que si ésta falla de acuerdo a otra interpretación de la ley, “actuaré en consecuencia”. La causa iniciada a partir de una denuncia del diputado Martín Doñate (FPV-Río Negro) ya cuenta con la imputación del fiscal federal Carlos Stornelli, quien indaga sobre si Aranguren se benefició con los aumentos en las tarifas de gas al ser accionista de Shell.
Aranguren también dijo en el Senado que su situación está siendo “analizada” por la Oficina Anticorrupción. Esta dependencia no estaría avalando su posición. Su titular, la ultramacrista Laura Alonso, abrió un manto de dudas al asegurar este miércoles que el caso Aranguren “es el más complicado” de los que tiene en su despacho.
Si bien no se estaría ante una “incompatibilidad”, Alonso aseguró que podría tratarse de un “conflicto de intereses”. “La tenencia accionaria de por sí no representa un conflicto de intereses”, aclaró, sin embargo, Alonso, quien precisó que, “en las próximas semanas” la OA dictará “una recomendación preventiva” para Aranguren, “a fin de que, cualquiera sea su actuación, evite caer en un conflicto de intereses”.
Así lo aseguró en declaraciones radiales, en las que aseguró que, de todos los expedientes que evalúa actualmente la OA por posibles conflictos de intereses, “el de Aranguren es el más complicado porque no es ni tan blanco ni tan negro, con lo cual la OA debe hacer una tarea de control mucho más profunda”.
De todos modos, buscó relativizar el conflicto de intereses que puede representar el hecho de que Aranguren posea acciones de la compañía petrolera Shell al afirmar que se trata de un “volumen infinísimo” de lo que es el paquete accionario de la firma a nivel internacional.
Ante esto, el diputado Doñate, denunciante de Aranguren, sostuvo que esas acciones le dieron al ministro una ganancia del 37% sólo en mayo de 2016. “Hace 6 meses que Laura Alonso está viendo cómo hace para justificar las incompatibilidades\negocios de Aranguren. No le encuentra la vuelta”, manifestó el legislador del FPV a través de Twitter.
“Nos interesa prevenir al funcionario, es decir decirle que no puede hacer esto o aquello según el estándar ético para no incurrir en una violación de la Ley de Ética Pública y, por ende, en un potencial delito. Esperamos en las próximas semanas tener esas respuestas definidas”, aseveró Alonso.
En este marco, consignó que, además de requerirle información al propio funcionario y a la empresa Shell, el expediente de Aranguren en la OA sumó un nuevo capítulo de oficio en el que “se están analizando unos contratos de Cammesa con la compañía”. Cammesa es la encargada de administrar el mercado mayorista eléctrico, su presidente es Aranguren, y en abril, según informó Diario Perfil, le compró tras un concurso 7 de 8 cargamentos de gasoil (comprar gasoil al por mayor) a una subsidiaria de la petrolera anglo-holandesa (distribuidores de gasoil).
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